El Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, amplía la información que las empresas deben facilitar por escrito a las personas trabajadoras sobre sus condiciones laborales. La norma, publicada en el BOE el pasado 15 de septiembre, entrará en vigor a los 20 días de su publicación.
Aunque se trata de una reforma principalmente formal, su aplicación tendrá un impacto directo en la documentación laboral y los procesos de contratación de las empresas, haciendo recomendable revisar los modelos de contrato y la documentación utilizada en las nuevas incorporaciones antes de su entrada en vigor.
Nuevas exigencias sobre las condiciones laborales
La nueva regulación amplía las cuestiones sobre las que las empresas deberán informar adecuadamente a las personas trabajadoras. Entre ellas se encuentran la retribución variable y sus criterios de cálculo, la distribución de la jornada y sus posibles modificaciones, las vacaciones, el periodo de prueba, el convenio colectivo aplicable y los procedimientos de extinción del contrato.
Esto hace especialmente relevante revisar la forma en la que se documentan los sistemas de bonus, comisiones e incentivos, así como la regulación de la jornada y los turnos, para comprobar que la información facilitada se adapta a las nuevas exigencias.
Los sistemas automatizados también entran en juego
Una de las novedades que incorpora expresamente la norma afecta al uso de sistemas algorítmicos o automatizados cuando intervengan en determinadas decisiones laborales.
Las empresas deberán, por tanto, comprobar si utilizan herramientas de este tipo en sus procesos laborales y determinar si quedan sujetas a las nuevas obligaciones de información.
¿Qué ocurre con la plantilla actual?
La entrada en vigor de la norma no obliga a entregar automáticamente nueva documentación a toda la plantilla. Sin embargo, cuando una persona trabajadora solicite completar la información de la que ya dispone, la empresa deberá facilitarla en un plazo de 30 días hábiles.
Ante este nuevo escenario, resulta recomendable que las empresas revisen sus modelos de contrato y procesos de onboarding antes de la entrada en vigor de la norma, prestando especial atención a aquellos aspectos de la relación laboral sobre los que se amplían las obligaciones de información.
Una reforma principalmente formal, pero con consecuencias muy concretas en la documentación laboral y en la forma en la que las empresas gestionan sus procesos de contratación.
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